Lo legal y lo moral

No hay que confundir lo legal y lo moral. Las leyes son importantes y hasta necesarias para el buen funcionamiento de una sociedad. Pero como, en principio, las leyes son para regular el comportamiento de todos los ciudadanos, es posible que algunas leyes no se ajusten del todo a los principios morales de una religión. En casi todos los países del mundo se ha impuesto el calendario cristiano, y por eso, los domingos son días festivos en muchos países. Pero para un buen musulmán o un buen judío, su fiesta religiosa no es el domingo. Que el domingo sea día no laborable en un determinado país no es óbice para que los ciudadanos de otras religiones celebren su culto en viernes o en sábado.

Dígase lo mismo a propósito de temas más delicados. Somos muchos los que consideramos que el matrimonio es indisoluble. Pero no tenemos que irritarnos o molestarnos ante posibles leyes que regulan el divorcio, porque no todo el mundo comparte los principios cristianos. Un ejemplo más delicado puede ser el del aborto. Porque en este asunto no son solo las convicciones religiosas las que dicen que la vida es un bien que debe protegerse en toda circunstancia. Es la biología la que afirma que una vez unido el óvulo con el espermatozoide aparece una vida nueva. Y, por tanto, no es solo cuestión religiosa, es cuestión de razón y de humanidad el proteger esa vida. Pero si se diera el caso de un diputado cuya conciencia le impidiera votar una ley favorable al aborto, si ese diputado con su voto favorable a una determinada formulación de la ley impidiera que saliera adelante otra ley más permisiva, ¿qué debería hacer, votar en contra de toda ley abortiva o votar aquella ley que impide que salga adelante otra ley más perniciosa?

Así se expresaba a este respecto Juan Pablo II: “Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación… En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos”.