Libertad religiosa

Las difíciles relaciones del Episcopado con el Gobierno son el cuento de nunca acabar. La intención gubernamental de modificar la ley de libertad religiosa puede ser un nuevo elemento potencial de malestar. Digo potencial porque la reacción de los Obispos ha sido cautelosa. La prudencia es buena cuando no se conocen los contenidos que se pretenden introducir en esta reforma. Habrá que examinar la ley antes de emitir juicios valorativos.

Lo que sí detecto es la sensación de incomodidad, por parte de algunos grupos católicos, ante la política del gobierno de la nación. Cuando se pregunta por las causas aparecen los temas ya sabidos: aborto, familia, nuevos tipos de matrimonio, educación para la ciudadanía. Estos asuntos no tienen el mismo valor, pero todos juntos producen la sensación de una ofensiva laicista y contraria a la religión católica por parte del gobierno. Se diría, según algunas voces, que se trata sino de eliminar la presencia de la Iglesia, al menos de arrinconarla en el ámbito de lo estrictamente privado. Más aún, algunos pronostican que los católicos terminarán siendo ciudadanos de segunda clase, si es que no lo son ya.

Amparados en la Constitución española y dado el contexto político europeo en el que nos movemos, me parece que las libertades religiosas están suficientemente garantizadas. Cualquier colectivo, sea o no católico, tiene el derecho de manifestar públicamente su convicciones por los medios que considere convenientes, respetando los derechos y libertades de los demás. A nadie se le pregunta por sus creencias o por su práctica religiosa a la hora de acceder a un puesto de trabajo sobre todo público, porque en el ámbito privado sí que seleccionamos en nuestras instituciones católicas a trabajadores que estén de acuerdo con nuestros idearios.

En suma, no me parece que podamos hablar de persecución a lo católico, aunque es posible que en algún caso hayan aparecido dificultades administrativas, por ejemplo a propósito de la presión que algunos profesionales de la salud reciben para que actúen en contra de su conciencia en algún caso concreto amparado por la ley. Pero estos casos no hay que elevarlos a categoría universal; lo que hay que hacer es llevarlos a los tribunales y utilizar los medios legales para defender el derecho a la objeción de conciencia.