Estado laico, claro que sí

Laico es una palabra que, en boca de algunos políticos y para algunos oídos, tiene connotaciones de opuesto a religioso. En realidad es una palabra de origen cristiano y su contrapartida no es lo religioso, sino lo clerical. Laico quiere decir “uno del pueblo” y, más en concreto, uno del pueblo de Dios. Laico es el cristiano que no es clérigo.

La Iglesia católica no pretende tener en sus manos el gobierno de los asuntos temporales. Es doctrina católica que estos asuntos están encomendados a los laicos, sean o no cristianos. Por tanto, estado laico puede significar que los negocios del mundo y la organización de la sociedad son responsabilidad de los laicos. Dice Benedicto XVI: “El deber inmediato de actuar a favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública”. Los cristianos laicos realizan su deber de configurar rectamente la vida social “cooperando con los otros ciudadanos”.

En la famosa palabra de Jesús: “dad al Cesar lo que es del Cesar” podemos encontrar un buen antecedente a favor de lo que hoy se suele entender por estado laico. Esta y otras muchas realidades que parecen conquistas de la modernidad tienen orígenes cristianos. Piénsese en los derechos humanos o en los ideales de igualdad, libertad, solidaridad y fraternidad. La Iglesia no pretende hacer valer políticamente su doctrina. Solo pide poder ser escuchada y respetada. Y cuando argumenta a favor o en contra de determinadas leyes lo hace desde la razón y el derecho natural, aunque su inspiración última provenga del Evangelio.

Por su parte, el estado laico debería evitar hacer del laicismo una “confesión” o una “religión”. Dicho de otro modo: el estado laico no puede olvidar que algunos ciudadanos son religiosos. Y, tanto si son mayoría como minoría, debe facilitar el libre ejercicio de la religión, como derecho fundamental de la persona, no solo en sus manifestaciones privadas, sino también en las públicas. Si en vez de favorecer la religión la dificultase, se convertiría en un estado “militante” y haría de la anti-religiosidad una especie de religión del Estado.